Opinión Bolivia

  • Diario Digital | martes, 19 de marzo de 2024
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Entre legitimidad y legalidad

Entre legitimidad y legalidad
La coyuntura impone escribir sobre la decisión del Gobierno de llevar a su reunión de diciembre el tema de la comunicación y los medios de prensa, aunque las organizaciones gremiales expresaron ya su posición. Valen la pena, sin embargo, algunas consideraciones más, para no poner la carreta delante de los bueyes. El Gobierno tuvo ya éxito al instalar en el imaginario popular la idea de que la reunión definirá el futuro del país. Para eso le puso el pomposo rótulo de Cumbre Social que, analizada con objetividad, no tiene absolutamente nada de reunión Cumbre. Su estructura, como la de todas las reuniones políticas, es absolutamente piramidal, Y su manejo totalmente vertical. Del jefe que la convocó, definió agenda y dirá la palabra final hacia abajo. Y no entre iguales, con la misma autoridad, derecho a proponer, opinar

y sobre todo decidir, como corresponde realmente a una Cumbre. Vista así, la reunión no tiene mayor representatividad que la de sus participantes, fundamentalmente organizaciones sociales

e institucionales oficialistas. Que comulgan por convicción o por interés con postulados y planes del Gobierno. No estarán, en cambio, las de oposición, institucional o partidaria, que son otra parte del país y hacen contraparte en la balanza. La de diciembre es, a todas luces, reunión partidaria de cara al 2014 en función de los intereses de reelección anunciados hace tiempo. El oficialismo puede pues incluir en su agenda cualquier tema. Y por supuesto, el de los medios de comunicación, lo cual puede ser poco democrático, pero es legítimo.

Como cualquier partido, el oficialismo tiene el derecho de reunirse para analizar, planear y programar sus actividades. Como lo hacen el presidente y el directorio de un club, por ejemplo, que no invitan a sus pares del club rival para analizar cómo lo enfrentarán en la liga

o en la cancha. Como no es reunión Cumbre, sus conclusiones se conocen

ya porque se conoce lo que piensa la cabeza de la pirámide que decidió la agenda. Ahí está, por ejemplo, el precio de las gasolinas. El presidente dijo que

la subvención es un cáncer para la economía. ¿Subirán las gasolinas? O el tema del TIPNIS. Si insiste en el camino, porque dice que algunas organizaciones lo piden, ¿lo construirá? Si hay planes para ponerle cortapisas a las libertades de información y opinión, porque el Presidente dijo que su principal oposición es la prensa. ¿Las impondrá? La reunión servirá seguramente para decir que se gobierna “escuchando al pueblo”. La cuestión es que si “le mete nomás”, explicable cuando las leyes eran del viejo orden, violar ahora la constitución y las leyes significaría tirar al tacho la nueva estructura institucional. Y eso, gusten o no las normas nuevas, afecta a todos. Pero sobre todo, sus conclusiones serían ilegales e ilegítimas.