Opinión Bolivia

  • Diario Digital | viernes, 29 de marzo de 2024
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El lento paso de las autonomías

El lento paso de las autonomías
Nos encontramos a más de dos años de aprobación de la nueva Constitución en que se establece una Bolivia plurinacional y autonómica y a más de un año de la promulgación de la Ley Marco de Autonomías, sin embargo, la aplicación y consolidación de las autonomías en el país es incipiente. Si partimos de la constatación de que el proceso hacia las autonomías es eminentemente político, podemos afirmar con claridad que los operadores políticos responsables de su aplicación no lo están impulsando adecuadamente, pero también por supuesto existen otros tipos de dificultades que devienen tanto del contenido de las normas como de la gestión administrativa del proceso.

En el contexto general de las autonomías, uno de los ámbitos en que se reportan mayores dificultades es el relacionado con las autonomías indígenas basadas en la noción de autodeterminación y autogobierno. Desde mi punto de vista, sólo con la consolidación de la autonomía indígena se podrá lograr el ejercicio de la democracia comunitaria. Empero, se han establecido una serie de condiciones que obstaculizan su avance. En el caso de municipios que quieren optar por autonomías debe haber una consulta o referéndum a la población involucrada, y con ciertas condiciones adicionales puede acceder a esa cualidad. Pero para los TIOC la Ley de Autonomías establece una serie de requisitos de difícil cumplimiento, como la continuidad territorial que, en muchos casos no puede lograrse porque los límites municipales o a veces departamentales lo impiden, también está el requisito de la viabilidad gubernativa que exige a los pueblos indígenas primero una organización con representatividad total y funcionamiento efectivo, un plan territorial y un plan de desarrollo como instrumentos de gestión, así como estrategias institucionales y financieras.

Otro requisito que complejiza el acceso es el número mínimo de habitantes. Por ejemplo, el pueblo Araona analiza la posibilidad de unirse a otro pueblo indígena para cumplir con la condición establecida en la Ley de Autonomías que establece que en tierras altas la “base poblacional” debe ser igual o mayor a 10 mil habitantes, en el caso de las naciones indígenas minoritarias, una base igual o mayor a 1.000 habitantes. El pueblo Araona no cumple con esa condición porque apenas tiene 200 habitantes. Del mismo modo, los pueblos T’simane y Esse Ejja del Beni se reunieron para intentar acceder a la autonomía indígena, pero no han logrado hacerlo por las disputas que enfrentan en este caso, con otro tipo de problemas como la presencia de propiedades ganaderas, concesiones forestales y colonizadores. Los ejemplos mencionados muestran las dificultades efectivas que comporta avanzar efectivamente en el proceso autonómico. Del mismo modo, se ha avanzado muy poco, en la elaboración de los estatutos, especialmente de los pueblos indígenas pues de los once municipios que optaron por convertirse en autonomía indígena, apenas cinco están trabajando en sus estatutos y el resto ha enfrentado una serie de dificultades entre ellas, conflictos internos, falta de recursos y poca motivación.

En definitiva, la aplicación es compleja, no sólo por los requisitos técnicos e institucionales sino también porque implica la realización de un nuevo acuerdo entre el Estado y la sociedad que involucre, entre otras cosas, la redistribución de recursos económicos -el famoso pacto fiscal- la configuración de nuevas estructuras de poder, contradictoria con el afán de concentración de poder del partido gobernante, capacidades gubernativas, resolver conflictos de límites, y otras que deberán ser encaradas.