Nunca puede dejar de ser un asunto recurrente en el análisis de la problemática del país el relacionado con la producción de alimentos. En realidad, la mayoría de los países del mundo hoy expresa su preocupación por algo que en el futuro puede significar la sobrevivencia de las personas en un entorno que, por diferentes circunstancias, se ve en grave riesgo por el cambio climático y sus efectos, ineficientes políticas de producción y la desertización de las tierras y los daños ambientales.

Países con índices significativos de producción agrícola han iniciado programas de emergencia para hacer frente al déficit alimentario. Una emergencia que está volcando ingentes recursos económicos a la actividad agrícola y a investigaciones alternativas para mejorar y aumentar la obtención de alimentos mediante el cultivo de la tierra.

En Bolivia, los programas para impulsar la agricultura han resultado casi siempre inútiles en relación a los grandes desafíos de obtener alimentos mediante el trabajo planificado y con tecnología. Uno de los mayores intentos por transformar las condiciones del agro boliviano se aplicó con la Reforma Agraria de 1952, un proceso que expropió tierras a los patronos para entregárselas a los campesinos que hasta ese momento vivían en condiciones casi de esclavitud, sin embargo, si bien la medida tuvo efectos sociales y políticos en la producción fue un fracaso y en vez de mejorar lo que hasta ese momento se producía para la alimentación de los bolivianos hubo un retroceso impresionante en los valles de Cochabamba, Chuquisaca y Tarija. Los “graneros de Bolivia”, dejaron de ser tales y el nombre quedó como una triste ironía.

Al presente, la producción agrícola no sale de su propio círculo de atraso y falta de fomento al extremo de que por diferentes circunstancias, también sociales, como la migración del campo a la ciudad y a otros países que ofrecen trabajo ante la miseria del campesino, una cantidad importante de los alimentos que consumen los bolivianos proviene de las huertas del Perú y Chile.

En esta semana que culmina, el presidente Evo Morales presentó el proyecto de Ley “Revolución Productiva Comunitaria y Agropecuaria” que busca garantizar la seguridad alimentaria y el impulso al desarrollo de la producción agrícola en áreas rurales del país.

También se creará el Seguro Agrario Universal "Pachamama", además de dos empresas estatales para la producción de fertilizantes y de apoyo a la producción de semillas. Se constituirá el Observatorio Agroambiental Productivo para la generación de información y monitoreo constante de la producción agrícola y ganadera en el país.

Aunque no se disponen de más detalles del proyecto hay que aceptar que el mismo tiene por objetivo fomentar la producción de alimentos en las áreas rurales.

El Gobierno debería tener en mente reestructurar el concepto de la producción agrícola a partir de la reinserción de los miles de campesinos que se fueron de sus tierras dejándolas abandonadas, porque no pudieron soportar los desastres naturales que destruyeron sus cosechas o porque vieron en su marcha a las ciudades y a las tierras bajas mejores oportunidades de ganar dinero en otras actividades. Las tierras agrícolas en los valles están parceladas, algunas sirven para una producción mediana, otras para el autosustento del campesino y otras miles de hectáreas están improductivas.

El fomento a esta actividad, como hemos dicho en anterior oportunidad, es exigente y demanda un gran esfuerzo del Gobierno con políticas de Estado que incluso la subvencionen.