Un diálogo sobre el cierre de la frontera binacional sostendrá el presidente de Perú, Alan García, en las próximas horas, con su homólogo de Bolivia, Evo Morales, al cumplirse nueve días de un bloqueo de protesta.
Señaló que Bolivia sufre en mayor medida el bloqueo de los pasos fronterizos, principalmente el de Desaguadero -por campesinos que exigen la prohibición de actividades mineras que contaminan sus cultivos-, por lo que hablará con Morales en las próximas horas.
Comparó los bloqueos viales como "una pistola en la cabeza" y confirmó que una comisión integrada por los viceministros del Interior y Minería dialoga con los dirigentes de la protesta en busca de una solución.
El bloqueo se intensificó hoy al ser apoyado por gremios de transportistas que cerraron la ruta de Desaguadero a Puno, capital regional, con sus autobuses y camiones, reportaron estaciones radiales de la zona.
García dijo hoy confiar en que "primará la razón" y se suspenderá la protesta, pero advirtió que si lo que llamó "intereses extremistas" lo impiden, la Policía actuará con "severidad" para despejar las vías.
Sostuvo que, por producirse a menos de tres semanas de la elección presidencial en una segunda vuelta, el 5 de junio, la protesta evidencia que hay intereses políticos regionales extremistas, lo que niegan las organizaciones sociales que dirigen los bloqueos.
Se pronunció igualmente por una solución intermedia que permita la actividad minera e impida aquella que destruye o contamina el medio ambiente.
Más de la mitad de los conflictos sociales vigentes o latentes en Perú son considerados socioambientales, es decir, referidos a las resistencias sociales a proyectos mineros, petroleros o industriales contaminantes.
Las comunidades nativas reclaman una ley de consulta sobre la ejecución de esos proyectos en sus territorios, en cumplimiento de una convención internacional firmada por el gobierno peruano.
El parlamento aprobó una ley de ese tipo el año pasado, pero el presidente Alan García le puso reparos y el poder legislativo aún no decide si la ratifica y la pone en vigencia o acoge las observaciones del mandatario.