En la página de “Personajes” publicada ayer en este diario se destaca la personalidad del arquitecto Gonzalo Orosco Arce un profesional que ha estudiado en universidades del exterior y que ha dedicado su vida a la labor de recuperar el esplendor antiguo de estructuras en diversos lugares del país. Entre sus obras más significativas están el Colegio Nacional Junín y el Castillo de la Glorieta en la ciudad de Sucre.

Esta ciudad y también Potosí son dos de las que resaltan, aunque la primera más que la segunda, con políticas de restauración arquitectónica claramente definidas y que cuentan con el impulso de las autoridades municipales, habiendo consolidado incluso el apoyo de instituciones de países amigos y de municipios del exterior.

La restauración de edificios que evocan el pasado y principalmente la personalidad, la historia y la identidad de los pobladores y de las ciudades, no se puede realizar solamente mediante el concurso de expertos y que en nuestro medio existen y de los más capaces, se ejercita estas intervenciones con la participación de las autoridades municipales y en su caso de las gobernaciones.

En Cochabamba por ejemplo, no tenemos políticas definidas para la preservación del “casco viejo” de la ciudad y de ese modo la destrucción del mismo en su arquitectura es paulatino y el resultado es que en los últimos 50 años la ciudad se ha ido convirtiendo en una ciudad híbrida. A la falta de planes definidos se unen contradicciones y posiciones que además dejan sospechas en cuanto a la propia actuación de algunos funcionarios ediles no sólo respecto a su capacidad profesional sino también sobre su honestidad. No se puede concebir la vigencia de normas superpuestas y que hasta ahora no se haya hecho nada para superar una situación semejante. Por ejemplo, existen ordenanzas que establecen que en el centro de la ciudad se autorizan demoliciones de edificio antiguos y casonas, siempre que luego, los propietarios o ejecutores de la obra ingresen a la rasante, o sea unos metros más al interior de la calzada, sin embargo, es fácil ver en las calles a unas cuadras a la redonda de la Plaza Principal que se han erigido nuevos edificios, además de muy mal gusto, que no respetan ni nuevas rasantes ni normas mínimas sobre construcciones en el “casco viejo” de la ciudad.

Cuando decimos que existen dudas sobre la idoneidad profesional, nos referimos precisamente a estos aspectos que ya en anteriores oportunidades fueron evidenciados en diferentes notas periodísticas, y cuando se hace referencia a dudas sobre la extensión de permisos, hay que preguntar cuáles son los criterios técnicos, sobre qué normas se fundamentan dichos permisos y si de por medio no existen favoritismos o prebendas, que precisamente dejan abierta esta posibilidad a partir de normas confusas, contradictorias y sobre todo cuando esta situación no es corregida con decisiones que deben ser adoptadas por el gobierno municipal y que se demoran desde gestiones anteriores.

Las pocas intervenciones arquitectónicas que se han realizado a nivel edil en la ciudad son contadas con la palma de la mano. Ahí esta la Casona de Santiváñez y la de Mayorazgo. Sin embargo en todo el centro de la ciudad siguen las construcciones modernas, es decir la destrucción del patrimonio arquitectónico. En vez de promover la conservación de las pocas casas coloniales y republicanas que aún subsisten en el tiempo, fomentando su restauración, se las destruyen aprobando planos para edificios modernos sin ningún equilibrio. Y lo mismo ocurre en ciudades provinciales como Totora y Mizque.