Los informes del Alcalde Municipal y del Gobernador reflejan bajísima ejecución presupuestaria de la gestión 2010 lo que causa preocupación entre los/as habitantes del departamento. Se dice que en ninguno de los casos se llegó a superar un tercio de la ejecución prevista. Pero, ¿qué es lo que pasó para que los resultados sean tan negativos? Las explicaciones de las dos autoridades son poco convincentes y lo único que hacen es deteriorar su imagen.

Cuesta mucho imaginar que existiendo dinero suficiente no se haga el esfuerzo para invertir y contribuir al movimiento económico del departamento y a generar empleo.

Sin pretender liberar de responsabilidad a las autoridades, debemos detenernos a pensar sobre los posibles factores que inciden para que muchos servidores públicos, aun con la mejor buena voluntad, se vean impedidos de poner en acción sus iniciativas y cumplir sus promesas electorales. Uno de ellos, sin duda alguna, tiene que ser la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz que al tirar al traste principios de derecho y garantías constitucionales paraliza e inhibe cualquier paso que se quiera dar ante el temor de ser acusado de corrupto/a sin derecho a que se presuma su inocencia o pueda acudir ante tribunal imparcial.

Otro problema es la falta de independencia para designar a sus colaboradores/as; peor aún pretender que éstos/as sean profesionales, no sólo por los bajos salarios que ofrece la administración pública, sino por la exigencia de ser “recomendado” de algún caudillo. Salvo honrosas excepciones, tanto el Alcalde como el Gobernador no han podido conformar su equipo de colaboradores con gente idónea que contribuya a la ejecución de sus proyectos.

El desprecio a lo académico y la exaltación de la ignorancia como virtud hizo que en cargos importantes sean designadas personas que no saben ni para qué están ahí. La realidad está demostrando que no es suficiente ser mujer, hombre, blanco occidental, negro, mestizo, indígena originario o lo que sea para optar a puestos de responsabilidad; lo que se necesita es tener formación adecuada, ser idóneo/a profesionalmente y honesto/a, tanto en el discurso como en los hechos.

Una persona honesta, reconoce sus limitaciones, no asume el cargo sólo porque “le toca” es consciente que el resultado puede ser el descalabro de la administración pública. Las consecuencias de la sobrevaloración del activismo político partidario y la incapacidad de seleccionar gente que reúna condiciones adecuadas para el cargo, son las que hoy lamentamos en Cochabamba.