El Gobierno cedió a las presiones de diferentes sectores y retiró el proyecto de Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva o no Convencionales. 

De esta manera, se aplacaron las protestas de diferentes sectores, incluso el paro de 48 horas previsto para la próxima semana y desde la oposición ven la decisión como un ‘triunfo’.

El rechazo fue porque la norma era considerada como atentatoria contra la libertad de expresión y que le da "poderes extraordinarios" a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) de investigar sus cuentas.

Sin embargo, todavía sigue la alerta por la Ley 1386, del 16 de agosto, sobre Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo.

El jefe de Bancada de Creemos en la Cámara Baja, Erwin Bazán, citado por Innovapress, sugirió que se pueda abrogar, debido a que complementaba con la polémica norma. A su vez pidió no levantar la guardia en espera del retiro oficial de la Asamblea. 

En la misma línea se pronunciaron los gremiales, transportistas, carniceros y panaderos.

LA SITUACIÓN

El presidente de la Asamblea Legislativa, Andrónico Rodríguez, anunció que en la próxima sesión se oficializará el retiro de la norma.

La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, informó ayer en la tarde, a poco de vencerse el plazo que dieron diferentes sectores para la anulación de la ley, que el Gobierno decidió retirar el proyecto “para evitar que la oposición política continúe usando ese tema como pretexto para desestabilizar y generar violencia y confrontación entre el pueblo”.

Recordó que el miedo a la normativa fue generado por la desinformación generada por algunos grupos y políticos que buscan desestabilizar el país de manera permanente. Dijo que para ello aprovecharon, incluso, fallas en la socialización gubernamental del objetivo del instrumento legal para instalar el temor infundado.

La titular de la Presidencia manifestó que los grupos y los políticos involucrados usaron este tema como una excusa para buscar, en el fondo, la impunidad por sus acciones durante los conflictos de 2019.

También explicó que el proyecto tenía el objetivo de hacer el seguimiento de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), como un compromiso para cumplir estándares mundiales sobre la lucha firme contra el lavado de activos, el financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.

REACCIONES

"Gana Bolivia y pierden los autoritarios, los violadores de derechos humanos y los que creen que el pueblo no sabe defenderse. Vienen batallas por la justicia y la democracia. Ahí estaremos porque unidos lo podemos todo", escribió el expresidente Carlos Mesa, líder de Comunidad Ciudadana (CC), la principal fuerza opositora del país.

En tanto el gobernador de Santa Cruz, el opositor Luis Fernando Camacho, sostuvo que es un "nuevo triunfo del pueblo boliviano".

"El pueblo boliviano movilizado obligó al gobierno de Luis Arce a retirar de la agenda legislativa otra ley autoritaria del masismo. Con esa ley, cualquier ciudadano podía ser investigado arbitrariamente y despojado de sus bienes", escribió.

Por su parte, Rómulo Calvo, presidente del Comité pro Santa Cruz, grupo que lideró el paro del lunes pasado, agradeció al pueblo boliviano que salga a las calles a pronunciarse para hacer conocer su "malestar" al Gobierno.

Para el expresidente Jorge Tuto Quiroga, la decisión es un “estruendoso fracaso de intento MASistas de criminalizar la informalidad, expropiar pequeña propiedad y convertir nuestra sociedad en delatores del prójimo”.

A su turno, el jefe de bancada de CC en la Cámara de Diputados, Carlos Alarcón, aseguró que es un “duro revés” para el Gobierno que pretendía conculcar los derechos y garantías ciudadanas.